Página 131 - Memorias OSC

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organismo en el año 2010, incorpora como estándar para la región una
definición amplia en cuanto al alcance del derecho. Comprende –además
de la información pública en poder de todos los organismos del Estado–
aquella en poder de las entidades empresariales del sector privado en la
medida en que cumplan función pública, ejecuten recursos públicos y no
encuadre en ninguna de las excepciones legales.
En la nómina de sujetos obligados que plantea a texto expreso la ley
no quedaron comprendidas las organizaciones de la sociedad civil.
Si bien su inclusión se consideró durante la discusión de expertos
para el caso de que las OSC ejercieran función pública a cuenta
de recursos públicos, esta idea se fue diluyendo en atención a las
características propias del sector, y especialmente en función del clima
de hostigamiento y persecución política que algunas entidades, en
especial las ONG que trabajan en el monitoreo de derechos humanos,
enfrentaban y enfrentan en varios países de la región.
No obstante este contexto jurídico-político, se plantea que es factible
repensar la agenda de la transparencia en función de los tres elementos
señalados anteriormente (perspectiva de derecho, transformación
de lo público y habilitación de procesos participativos), a partir
del reconocimiento de la heterogeneidad de las organizaciones de la
sociedad civil y de la idoneidad de los mecanismos de autorregulación.
De regla, la mayoría de la información en poder de las OSC no encaja
en el concepto de información pública (contrariamente a lo que ocurre
en el caso de los organismos públicos, frente a los cuales el principio es
el de máxima transparencia). En efecto, el DAIP se encuentra limitado
mediante un régimen legal y estricto de excepciones que procura su
armonización con otros derechos y brinda herramientas para resolver
los conflictos que se presentan. En todo caso, lo que se esboza es la
necesidad de reflexionar sobre qué ocurre con algunas categorías de
“Lo que se
esboza es la
necesidad de
reflexionar
sobre qué ocurre
con algunas
categorías de
información
en poder de un
sector de las OSC
que cumplen
función pública
y ejecutan
recursos
públicos”