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información en poder de un sector de las OSC que cumplen función
pública y ejecutan recursos públicos mediante la prestación directa
de servicios en una comunidad y que son, en muchos casos, el primer
eslabón con lo público para buena parte de la ciudadanía.
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A la luz de Rendir Cuentas
Los datos acumulados de la región, sistematizados por Rendir Cuentas
para 2011, confirman la importante participación que tienen las OSC en
el ejercicio de función pública y en la ejecución de buena parte de los
recursos y programas públicos. En el caso de las OSC esta delegación
se observa hacia un conjunto de ONG y de otro tipo de entidades sin
fines de lucro que tienen como misión –entre otras– la prestación de
servicios.
Para el caso de Uruguay, la iniciativa permitió cuantificar esta
participación de las OSC en la ejecución de recursos públicos en el
orden de los USD$27.826.678 (recursos del gobierno central y gobiernos
locales), teniendo en cuenta únicamente el conjunto de organizaciones
que participan de la iniciativa.
9
Paralelamente existe en el país una definición política de continuar
profundizando esta transferencia de función pública hacia otros actores
no estatales. Hay una apuesta al desarrollo de proyectos de participación
público privada (PPP) para áreas estratégicas. Del mismo modo, se
ha extendido la práctica de contratación de servicios a un sector de
la sociedad civil organizada, especialmente en el área social. Esta
práctica se da en un contexto de debilidad institucional de buena parte
de las OSC del país, proceso que se ve profundizado por una política
de contratación estatal que termina aplicando la lógica del mercado a
la sociedad civil organizada, desconociendo sus características y valor
agregado en muchos casos.
8
En términos generales
es probable que
buena parta de esta
información sea
accesible mediante la
presentación de una
solicitud de acceso
a la información al
organismo público
a cargo de la
contratación, pero en
este caso es evidente
que el derecho de
la persona no tiene
el mismo alcance y
dependerá del flujo de
información que exista
entre el Estado y la
entidad contratada.
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102 organizaciones
de la sociedad civil
de todo el país. A
esta cifra se suman
USD$8.862.498
en recursos de
la cooperación
internacional.