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Sin embargo, como siempre ha sido una constante en las regiones,
y desde luego en las ONG, se pregunta por los beneficios materiales
que trae consigo la iniciativa. Claramente se advierte que su
fundamentación está dada en el compromiso ético que tienen las
organizaciones al aportar a la construcción de bienes públicos, al
trabajar por las desigualdades sociales y la inequidad, así como al
representar los intereses de las comunidades.
Algunas organizaciones persiguen o buscan lograr a través de la
Iniciativa beneficios económicos, pero como este es un propósito
totalmente erróneo que desdibuja el fin último de la Iniciativa de
generar confianza hacia las OSC en la sociedad y visibilizar sus
aportes al desarrollo, se tiene evidencia de que esta precisión es un
factor claro de desmotivación para que las organizaciones continúen
apropiando prácticas de transparencia y rendición de cuentas.
No se pueden ligar a la consecución de recursos, prácticas como
la rendición de cuentas, que son de carácter político y persiguen
un beneficio común para las entidades sin ánimo de lucro al ser
reconocidas como actoras del desarrollo. No es ni será el propósito
de esta práctica de auto-regulación que promueven instancias
como la CCONG y sus federaciones, el trabajar en la búsqueda de
recursos para las ONG. Existen otros beneficios que subyacen a la
Iniciativa –aparte de las ya mencionadas– y que se relacionan con el
fortalecimiento institucional y el reconocimiento público, como son la
articulación de actores y la generación de alianzas públicas-privadas,
que son acciones propias de instancias de tercer y cuarto nivel.
Por tanto, tenemos como reto motivar dentro de las organizaciones
la manera de hacer prácticos los principios de transparencia y auto-